Salinas segunda parte

Prepara un nuevo libro, viaja por el país para entrevistarse con operadores del priismo, asiste a bodas y apadrina matrimonios, hace supuesto turismo sin discreción alguna, se deja fotografiar sin recato y, en su residencia de Camino a Santa Teresa, en la Ciudad de México, recibe a grupos y personajes de los negocios y la política... sobre todo a los de su partido. Todo con el objetivo que uno de sus allegados describe con esta frase: “construir consensos…”.

En realidad, Carlos Salinas de Gortari utiliza sus prevalecientes influencias y su poder con el fin de establecer las reglas del juego para que él y su grupo dentro del PRI impongan su ley en la conducción del país durante los próximos tres años para alcanzar, en 2012, su meta final: Los Pinos.Entre olor a tamales de elote e iguana y una amplia muestra de la gastronomía del istmo de Tehuantepec, el expresidente Carlos Salinas de Gortari cocinó algunos de los acuerdos políticos más importantes con su anfitrión, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, durante su “visita turística” a esa entidad el 1 y 2 de agosto pasados.En esa reunión también participaron el senador Adolfo Toledo Infanzón, aspirante a la gubernatura para 2010, así como los diputados Eviel Pérez Magaña y José Antonio Iglesias Arreola, operadores en la bancada priista de los legisladores federales de la entidad electos el pasado 5 de julio.La presencia del exmandatario en esa entidad no fue casual. Junto con el Estado de México, Veracruz y Puebla, Oaxaca conforma el bloque de entidades que aportarán el mayor número de diputados federales priistas en la LXI Legislatura: el Estado de México con 38, Veracruz con 32, Puebla con 16 y Oaxaca con 11.Además, en las tres últimas se realizarán elecciones para gobernador el próximo año y sus actuales mandatarios han expresado su interés por contender para la nominación presidencial priista de 2012; también muestran su interés por encabezar la dirigencia nacional de su partido si Beatriz Paredes asume la coordinación de los 237 diputados federales del PRI en la próxima legislatura.Algunos de los asistentes a ese convivio aseguran que la discusión se centró en dos temas: la coordinación de los diputados federales del PRI, que podría recaer en Francisco Rojas, quien actualmente preside la Fundación Colosio y cuenta con el apoyo de la mayoría de los legisladores de su partido, y evitar que se recorte el presupuesto a Oaxaca en el 2010.Salinas, dicen, aprovechó el encuentro para cabildear discretamente a favor del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, para la Presidencia en 2012. Así mismo, se ofreció como “gestor” para cumplir las demandas presupuestales de Oaxaca y se pidió a sus contertulios buscar acuerdos en este período de “construcción de consensos”.“El gobernador Ulises Ruiz sólo sonreía, pero el apetito no se había ahuyentado”, escribió Samuel Gómez en su columna de El Imparcial el lunes 3.El activismo del expresidente es imparable. Amarra acuerdos, “construye consensos”, como le gusta decir, y no pierde ningún evento social, boda, festejo para hacer sentir su presencia como el verdadero gestor de los diferentes grupos priistas.En los últimos cuatro meses, por ejemplo, el 23 de mayo se reunió con Fidel Herrera en una fiesta celebrada en Córdoba, Veracruz; el 12 de julio asistió al parque Fundidora de Monterrey a la boda del exdiputado federal del PRI y jefe de la oficina ejecutiva de la gubernatura de Natividad González Parás, Héctor Gutiérrez de la Garza; también fue, junto con Peña Nieto, padrino de boda de Carolina Chuayfett, hija del exgobernador y futuro diputado federal, quien contrajo nupcias a mediados de ese mismo mes.Cada aparición pública de Salinas ha generado reacciones políticas. La foto en la que el expresidente abrazó a Fidel Herrera en plena campaña electoral causó indignación en Veracruz y motivó la manifestación de 300 jóvenes con máscaras del exmandatario en el puerto y en Morelos. Se dijo entonces que los inconformes fueron apoyados por el PAN.Tras la boda de su hija, Emilio Chuayffet declaró que no aspira la coordinación de los 237 legisladores del PRI. De hecho ya desempeñó esa función en la LXI Legislatura, tras un fuerte enfrentamiento con la entonces secretaria general del PRI y coordinadora en San Lázaro, Elba Esther Gordillo.La visita de Salinas a Oaxaca coincidió con la gira de Andrés Manuel López Obrador por la región mixe. El excandidato presidencial del PRD acusó al expresidente de “andar operando a sus anchas” en el país y de apoyar la candidatura de Peña Nieto para 2012.Salinas respondió de manera indirecta a las acusaciones de López Obrador. Al salir del restaurante Casa Oaxaca, el exmandatario respondió así a la pregunta de si le gustaría vivir en la capital oaxaqueña: “Sí, sí me gustaría vivir unos días en la ciudad porque es hermosa, a pesar de que el innombrable de Andrés Manuel esté aquí”.Un activista singularEn paralelo con su activismo social y político, Salinas de Gortari redacta la última parte de su tercer libro de una serie dedicada al análisis de la realidad mexicana. El tema: lo que México debe hacer en materia económica para salir adelante.Aún sin título, el nuevo volumen editado por Random House Mondadori, la misma que publicó La década perdida, 1995-2006, neoliberalismo y populismo en México, saldrá a la venta en noviembre. En él, su autor abunda sobre las recetas que debe adoptar el gobierno federal frente a la crisis económica.Su interés en convertirse en el eje de las políticas anticrisis coincide con sus promesas ante el gobernador Ulises Ruiz para evitar recortes presupuestales en 2010.Salinas de Gortari cuenta con un personaje clave en la Secretaría de Hacienda: el coordinador de asesores del titular Agustín Carstens, José Antonio González Anaya, quien es el coordinador de Entidades Federativas, oficina responsable de la distribución de los recursos federales a los estados.González Ayala es cuñado de Ana Paula Gerard, la actual esposa de Salinas de Gortari, y trabajó bajo las órdenes de José Córdoba Montoya cuando fue el jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio salinista.El tema de la disminución de los recortes presupuestales fue el eje del encuentro que sostuvieron 14 de los 19 mandatarios priistas el jueves 6 en un hotel de la Ciudad de México. El pretexto fue “festejar” el cumpleaños de los gobernadores: Peña Nieto; Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán; Miguel Osorio Chong, de Hidalgo; Félix González Canto, de Quintana Roo; Humberto Moreira, de Coahuila, y el electo de Querétaro, Jesús Calzada. Los cuatro primeros forman parte de una alianza para apoyar la candidatura presidencial de Peña Nieto.Al evento no asistió ni la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, ni los actuales coordinadores parlamentarios Manlio Fabio Beltrones, del Senado, ni Emilio Gamboa Patrón, de la Cámara de Diputados.“No hay bloque de gobernadores, es una reunión de gobernadores”, afirmó Peña Nieto. Y el hidalguense Osorio Chong negó que Salinas tenga una injerencia en la elección del próximo coordinador de los diputados del PRI. “No hay reunión con él para la definición; es con el partido, con la dirigente y en los próximos días habrá de resolverse”.Ortega Pacheco adelantó que el nombre del próximo coordinador de los diputados federales se dará a conocer después del domingo 23, fecha límite para que el Instituto Federal Electoral concluya con la configuración de la LXI Legislatura.La incertidumbreEl activismo de Salinas crece en la medida que Paredes guarda silencio sobre el papel que jugará en la próxima legislatura. Y esa situación revoca los ánimos al interior de los grupos políticos del PRI.En la reunión del 14 de julio con los gobernadores del su partido y con los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, Paredes se negó a hablar sobre el trabajo que realizará en la Cámara de Diputados a partir de septiembre.Los mandatarios consultados por Proceso tras ese encuentro coincidieron en que están inmersos en un período de “construcción de consensos”. Unos fueron más explícitos: si Beatriz Paredes deja la dirigencia nacional del PRI, el secretario general, Jesús Murillo Karam, asumiría temporalmente la presidencia del CEN y tendrían que convocarse a elecciones internas.Tres días después, el 17 de julio, después de sostener un encuentro con 230 de los 237 diputados federales electos, Paredes afirmó que todavía no decide si dejará la presidencia del partido o asumiría la coordinación. “Tienen unos ocho meses preguntándome lo mismo. Tomaré la decisión cuando sea oportuno”, atajó a la prensa.Sin embargo, el 21 de julio corrió el rumor en las redacciones periodísticas y en medios electrónicos de que Paredes había sufrido un paro cardiaco y fue internada de emergencia en el Centro Médico ABC. Proceso pudo corroborar que la dirigente priista ingresó al área de cardiología del nosocomio para un chequeo general, pues presentó síntomas de hipertensión arterial, de hiperglicemia, así como molestias retroesternales.Las fuentes consultadas por este semanario aseguran que Paredes permanecerá al frente del PRI y jugará un papel determinante en las 10 elecciones para renovar gobernadores en Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Puebla y Oaxaca. Los recursos públicos de los que dispondrá el PRI para el próximo año serán sustancialmente mayores. De los 2 mil 910 millones de pesos que el IFE repartirá en 2010, al PRI le corresponderán 930 millones.La coordinación en San LázaroEl expresidente Carlos Salinas ha dejado sentir su influencia en la elección del próximo coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Dos nombres se mencionan al interior de los legisladores electos: Francisco Rojas y César Augusto Santiago, diputado federal en cinco ocasiones, exsecretario de Acción Electoral del PRI e integrante del equipo de campaña del Roberto Madrazo durante su campaña por la presidencia en 2006.Ambos están vinculados con Salinas, aunque el primero se deslinda: “Yo tengo una trayectoria propia y cuento con el apoyo mayoritario de mis compañeros”, asegura a Proceso.Rojas jugó un papel fundamental en la discusión al interior del PRI sobre la reforma energética del año pasado y manifestó su oposición a la propuesta de privatización en la refinería, ductos y perforación enviada por el Ejecutivo federal al Senado.Otras versiones señalan que si no es electo para coordinar la bancada del PRI. Rojas puede presidir la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro, clave para la determinación de la entrega de recursos federales a los estados.Quien coordine a la próxima bancada del PRI, la más grande desde que perdió la mayoría en San Lázaro en 1997, se colocará también dentro de la carrera por la candidatura presidencial del tricolor. Su nombre se sumará a los de Enrique Peña Nieto, Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones y Fidel Herrera, que son los más mencionados en las quinielas internas del PRI.El único punto de coincidencia entre estas cuatro figuras es que todos, en sus distintas trayectorias, han tenido vínculos con Salinas. El exmandatario mantiene comunicación directa con ellos, dice uno de los priistas consultados por este reportero, él los reúne con empresarios, cabildea los acuerdos. “Es el gran gestor”. Después de presionar para que el expresidente Miguel de la Madrid se desdijera de sus expresiones en contra de su sucesor en la entrevista difundida por la periodista Carmen Aristegui el 14 de mayo pasado, Salinas ya no tiene enfrente a ningún exmandatario que le frene su activismo.Según algunos priistas, él es el jefe máximo; otros lo consideran el gran padrino. Pero Salinas dice que prefiere ser un “constructor de consensos”. --

Patito de feria. Peña Nieto

MÉXICO, D.F., 4 de agosto (apro).- Me han agarrado "como patito de feria", se quejó el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, al negar –el pasado 29 de julio– las acusaciones del corresponsal español, José María Siles, sobre un intento de pago del erario mexiquense a la cobertura que dio la empresa Televisa a la presencia del mandatario en el Foro Mundial del Agua, realizado en Estambul, Turquía, en abril de este año.El gobernador se victimizó así el mismo día que la empresa Televisa envió a la dirección general de Proceso y a la periodista Carmen Aristegui, conductora del noticiario matutino MVS,tres cuartillas para responder a las acusaciones de Siles.En rueda de prensa, Peña Nieto insistió que era "completamente falso" que hubiera existido algún intento de pago por parte del gobierno del Estado de México."Es una relación que (Siles) no la tiene con el gobierno, es una relación contractual con Televisa y que, bueno, yo no sé cuál sea su razón de su decir o de lo que él afirma; pero, bueno, también ha sido otro tema para estarle focalizando", afirmó el mandatario mexiquense.--¿Ustedes le van a pagar? –insistió un reportero.--Por supuesto que no, pues no lo conocemos… Esto está toda una semana, lo apuntaron todos, lo agarraron como patito de feria –insistió Peña Nieto.Por enésima vez, el gobernador afirmó que la cobertura televisiva que se realiza con relación a sus actividades nada tiene que ver con sus aspiraciones presidenciales para el 2012."Cuando visitamos cualquier lugar al interior del estado y cuando salimos a alguna misión en el extranjero, la tarea del señor que está aquí (señaló apuntando a su coordinador general de Comunicación Social, David López) es precisamente que haya una cobertura de cualquier medio que tenga presencia en ese lugar."Es como si, supongamos, que hoy su presencia aquí está convocada por el señor coordinador, porque me estoy promoviendo para el 2012", explicó.Paradójicamente, Televisa, a través de sus desplegados y de sus aclaraciones, confirma exactamente lo contrario: ellos están para responder "golpe por golpe" o crítica por crítica a quienes denuncien que existe un trato preferencial en su pantalla al gobernador del Estado de México, y que la relación contractual –con dinero público o quizá a través de un "pase de charola" encubierto– seguirá en el ostracismo.A lo único que no han respondido Peña Nieto y Televisa es a la demanda de que se hagan públicos los contratos que ambas partes han firmado.El jueves 30 de julio, durante la presentación del libro Si yo fuera Presidente, el Reality Show de Peña Nieto, distribuí copias del primer contrato de 2005-2006 que se firmó entre el gobierno del Estado de México y Televisa. A eso no han respondido ninguna de las dos partes.Por ahora, tanto Televisa como Peña Nieto prefieren responder a la polémica generada en torno de la acusación de José María Siles. Sin embargo, la respuesta de ambos, perfectamente sincronizada, sólo ahonda las sospechas de que, efectivamente, hay una compra de tiempo-aire permanente, una inversión millonaria en la construcción de un futuro "presidente de pantalla".--Usted ha señalado, gobernador, que se le ha agarrado como si fuera patito de feria. ¿A qué considera que se debe esto? ¿Es rumbo al 2012? –le insistió otro reportero a Peña Nieto, en aquella rueda de prensa del 29 de julio.--Miren, no lo sé –afirmó el gobernador. Yo digo una cosa: soy respetuoso de la libertad de prensa; soy absolutamente defensor de la misma y tampoco aquí he hecho reclamo alguno. En todo caso, yo lo que pido es que haya objetividad en la forma de orientar los temas.Pocos días después de la polémica entre Televisa-Siles-Peña Nieto, el expresidente Carlos Salinas de Gortari reapareció públicamente. Se paseó en Oaxaca e hizo sentir que su proyecto de "reinserción" en la vida política es imparable. Estuvo acompañado por el góber rijoso, como se le conoce a Ulises Ruiz, el mandatario que aplicó la mano dura en su entidad para "eliminar" el movimiento de la APPO. La presencia de Salinas de Gortari también cimbró en el Estado de México. Los aliados de Peña Nieto y quienes han invertido para que el Grupo Atlacomulco ascienda a Los Pinos, ahora se ponen inquietos ante la posibilidad de que el expresidente haga sentir que él es el "verdadero padrino" de la campaña del mexiquense.Sin embargo, los movimientos indican que el mandatario del reality político no será el "patito de feria" de sus críticos, sino de Televisa y de Salinas de Gortari. Esos son los verdaderos focos rojos para quien pretende que la política sea como un largo infoentretenimiento, en donde hasta una boda o el festejo de su novia se transforman en actos de precampaña.Email: jenarovi@yahoo.com.mx
Televisa-Peña Nieto: El escándalo de Estambul

JENARO VILLAMIL
Los días 17 y 18 de marzo, en los noticiarios de Televisa se transmitieron dos notas (de 1 minuto 43 segundos y 1 minuto 50 segundos, respectivamente) sobre el Foro Mundial del Agua, realizado en Estambul, Turquía. La primera era una entrevista realizada por José María Siles al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y la segunda fue la entrega del premio “Compromiso” al mandatario estatal. Las protestas realizadas en las calles de la ciudad turca, las opiniones de organizaciones civiles y las numerosas intervenciones en el foro fueron minimizadas o simplemente ignoradas. Lo prioritario era cubrir a Peña Nieto porque “estamos hablando del próximo presidente de México”.
Así le dijo José Luis Arévalo, director de Información Internacional de Televisa, a José María Siles, corresponsal español de la agencia ANews que fue contratado como free lance por Televisa para que cubriera la cumbre del agua de Estambul.A pesar de esta orden, Siles envió un total de nueve notas y crónicas a la redacción de Noticieros de Televisa, pero sólo se transmitieron cuatro, en las cuales aparecía Peña Nieto. Ni siquiera la intervención de José Luis Luege Tamargo, director de Conagua, le interesó a la televisora. Mucho menos las protestas o los puntos de vista de representantes de organizaciones no gubernamentales que criticaron la política pública en México sobre este tema.Cuatro meses después de que Siles fue contratado verbalmente por Televisa ofreciéndole 650 dólares por nota y mil dólares por día, incluyendo viáticos y gastos de desplazamiento técnico, la empresa ha negado pagarle al exreportero de Televisión Española (TVE) el monto total de la factura, que asciende a 9 mil 200 euros por siete días de cobertura. Sólo le reconocen las notas en las cuales aparece Peña Nieto en la pantalla.Ante la insistencia de Siles, el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México, David López, le planteó una solución que escandalizó al reportero europeo: que el erario mexiquense pague los servicios profesionales. La propuesta se la hicieron por teléfono el 25 de junio pasado.En su respuesta a David López, por correo electrónico, Siles le señaló lo siguiente:“El ofrecimiento que nos ha hecho llegar de que el Estado de México pagaría nuestros servicios profesionales en Estambul no es aceptable para nosotros.“La factura debe pagarla Televisa, como servicio profesional… porque estamos hablando de un servicio profesional que, por nuestra parte, estuvo siempre precedido por los principios periodísticos que siempre he practicado.”Entrevistado vía telefónica por Proceso, José María Siles admite que Televisa lo envió a Estambul “sólo porque iba Peña Nieto”, y el gobernador mexiquense acudió a esa ciudad “porque le dijeron que las cámaras de Televisa iban a estar cubriéndolo”.Siles ha negociado durante estos meses con Leonardo Kourchenko, vicepresidente de Información Internacional de Televisa, el adeudo de la empresa con los servicios de ANews. En el intercambio epistolar entre Kourchenko y Siles, el funcionario de Televisa niega que haya incumplimiento.“Aquí y en cualquier medio del mundo, se paga por trabajo realizado, publicado, difundido y transmitido. No por lo que se suponía iba a cubrirse, reportearse o transmitirse, sino por lo que de hecho se transmitió”, le respondió Kourchenko. En el intercambio epistolar, que se encuentra en el blog josemariasiles.wordpress.com, el corresponsal europeo le responde a Kourchenko:“Si se hicieron menos crónicas es porque no había noticia, dicen ustedes. Bien, razonable, pero Televisa tenía un equipo contratado y desplazado en Estambul; no basta con pagar el hotel, no somos turistas, hay una obligación ‘contractual’, aunque se tratara de un pacto verbal. ANews estaba allí porque ustedes nos mandaron…“No entro, evidentemente, en el tema de cuándo dejó de haber noticia. Porque es curioso que Televisa nos envíe nueve días al Foro del Agua, una cobertura anormalmente larga, y no les intereses ninguna crónica de la polémica final, cuando quedó en evidencia la impotencia de las fuerzas políticas y sociales representadas para firmar un pacto del agua.“Don Enrique Peña Nieto había terminado para entonces su visita al foro de Estambul, pero no creo que eso influenciara en la decisión de noticieros Televisa de no querer crónicas, aunque sus enviados especiales siguieran allí, trabajando para ustedes.”La respuesta de Televisa, semanas después, fue endosarle el pago faltante al gobierno del Estado de México. El escándalo se conoció en México el mismo día que el Instituto Federal Electoral decidió perdonar a Enrique Peña Nieto por presunto proselitismo durante la cobertura de su participación en el mitin de Antorcha Campesina, en la transmisión especial del Día del Padre y en actos de los candidatos priistas, ampliamente difundidos por Televisa.La resolución del secretario ejecutivo, Edmundo Jacob Molina, sostuvo que en la queja presentada por el PAN “no se acreditó el uso de recursos públicos en los actos denunciados; no se acreditó la compra de tiempo en radio y televisión; su presencia, junto con la de otros gobernadores y políticos, fue a invitación de la empresa”.El único consejero que votó en contra de esa resolución, Alfredo Figueroa, insistió en que el caso de Peña Nieto entra en la categoría de “publicidad integrada” o “publicidad encubierta” que aún niegan el gobierno del Estado de México y Televisa.

El Informe secreto de Reyes Heroles

Los primeros tres meses de 2008, cuando ya se promovía la reforma petrolera impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, Pemex y sus subsidiarias subejercieron el presupuesto, cancelaron proyectos y subutilizaron la infraestructura, revela un informe interno que expuso Jesús Reyes Heroles ante el Consejo de Administración en junio del año pasado

Ana Lilia Pérez

En el primer trimestre de 2008, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró subejercicios en sus subsidiarias, subutilizó las instalaciones y canceló proyectos, revela un informe interno que su director, Jesús Reyes Heroles, presentó ante el Consejo de Administración el 9 de junio de ese mismo año.El informe, registrado en el acta número 788 de la sesión del Consejo de Administración, cuya copia posee Contralínea, fue firmado por la secretaria de Energía y presidenta del Consejo, Georgina Kessel; Alejandro Fleming Kauffman, secretario; y Raoul Capdevielle Orozco, prosecretario.Marco Antonio Díaz, maestro en administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, explica que el subejercicio “es una grave irregularidad administrativa que para la paraestatal representa un millonario impacto al no cumplir con los programas y objetivos planteados para hacer producir a la principal generadora del divisas del país”.El excontralor de Pemex durante el sexenio pasado y actual consultor privado dice que “el subejercicio sólo indica que alguien no está planeando bien o no está formalizando adecuadamente sus proyectos o compras, o no los están llevado acorde con los objetivos planeados”.En todo caso, asegura, se incumplen las metas o no se allega de avíos para procesar o producir ni se incrementa el activo, sino que el dinero que no se ejerció tampoco se destina a otros proyectos prioritarios. “El subejercicio refleja el empirismo de los funcionarios, porque se está actuando sin responsabilidad: se experimenta o se especula con los recursos públicos y el empirismo también es corrupción”.La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado que el subejercicio del presupuesto es utilizado como una forma para desviar recursos. Su titular, Arturo González de Aragón, ha señalado que es una simulación en el ejercicio del gasto público.La ASF denunció en junio pasado que en 2007 el presidente Felipe Calderón no ejerció 120 mil millones de pesos destinados a desarrollo social, infraestructura y seguridad pública, y los desvió a fideicomisos, fondos y mandatos de la federación donde, sin revisar su destino, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los dio por gastados.El informeLa sesión comenzó a las 8:30 horas con los 32 asistentes, entre secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y representantes sindicales. Entre los nueve asuntos que se trataron durante 125 minutos, el más extenso, identificado como el punto “V”, fue el informe de Reyes Heroles respecto de su gestión en el periodo de enero a marzo de 2008.Éste revela que, durante los tres primeros meses de ese año, Pemex Exploración y Producción (PEP) subejerció el 4 por ciento de su presupuesto; Pemex Refinación (PR), 29 por ciento; Pemex Gas y Petroquímica Básica, 15 por ciento; Pemex Petroquímica (PPQ), 32 por ciento. En términos monetarios, el subejercicio más alto correspondió a PR, por 300 millones de dólares.Más adelante, Reyes Heroles reconoció que en ese mismo periodo las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán dejaron de producir 64 mil y 24 mil barriles diarios de gasolina, respectivamente, durante un mes, con el consecuente incremento de importación del 7.6 por ciento más de lo programado, que representó 30 por ciento más que en 2007.La importación de 77 mil barriles diarios de gasolina generó a la petrolera un gasto de 10 mil 43 millones de pesos adicionales a los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos, ya que los combustibles “para satisfacer la demanda nacional” presentaron precios más elevados. Reyes Heroles dijo que la subutilización de las plantas incrementó 50 por ciento la importación del gas seco.Para los trabajadores del sector energético, el informe de Reyes Heroles al Consejo de Administración significa “una clara confesión” de lo que consideran “la subutilización premeditada de las instalaciones para privatizarla”.Rafael Decelis Contreras, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, dice que, desde el inicio de su gestión, Reyes Heroles ordenó que las refinerías operaran sólo al 80 por ciento de su capacidad, para que PEP mantuviera su cuota de exportación de crudo hacia Estados Unidos. Ello, asegura, implica que Pemex Refinación deje de producir 200 mil barriles diarios de gasolina.“Trabajan por instrucciones del Ejecutivo para cumplir con Estados Unidos, aunque México tenga que pagar altos costos por importar gasolina en vez de producirla al ciento por ciento en nuestras refinerías. Incluso, en la reforma se pretendía subrogar la operación a terceros”.Las pérdidasEl titular de Pemex describe en su informe que la subutilización de las refinerías arrojó pérdidas por 21 mil 300 millones de pesos. Resultado de un menor rendimiento en sus procesos, Pemex Gas y Petroquímica Básica disminuyó su rendimiento de 2 mil 700 millones de pesos a 1 mil millones, el cual “representó una pérdida de ingresos por 7 mil 500 millones de pesos en el primer trimestre de 2008”. Pemex Petroquímica registró una pérdida de 4 mil 700 millones de pesos en ese mismo periodo.Ante los consejeros, Reyes Heroles admitió que “los resultados no sólo reflejan el desempeño operativo, sino un deterioro muy preocupante”, y dijo que PP, a cargo de Rafael Beverido Lomelín, no sólo registraba un subejercicio porcentual más alto, sino que sus plantas, consideradas dentro del Programa Operativo Anual, estaban paradas u operaban a medias. Por ejemplo, las plantas de etileno del Complejo Petroquímico Morelos sólo producían 310 mil de 352 mil toneladas, y las del Complejo Petroquímico Escolín estaban apagadas.En entrevista, Decelis Contreras, Premio Nacional de Química 2001, explica que en el caso de PPQ, el subejercicio y la subutilización de las plantas responden a “la intención” desde el gobierno de Vicente Fox “de privatizar la industria con el cuento de que es más barato importar que producir, lo cual es una falacia porque toda la industria petroquímica tiene una valor agregado”.Deficiencias en PEPReyes Heroles atribuye que la declinación de la producción en Cantarell (el yacimiento más importante de México) es más por las deficiencias de operación en PEP, que por la declinación natural. De los 200 mil barriles diarios que se dejaron de producir, atribuye que 170 mil eran por el atraso de obras, fallas en las operaciones y fugas en los campos, y sólo 30 mil, por declinación natural.Durante la reunión, Reyes Heroles pidió al titular de PEP, Carlos Morales Gil, que explicara las deficiencias de la subsidiaria. Éste precisó que en los activos Abkatún-Polchuk, litoral de Tabasco, Cantarell Bellota y Jujo, la terminación de pozos registraba atrasos. Que el campo Ixtal había sido cerrado por fugas en los ductos. El resultado: se producían 200 mil barriles diarios.Refirió también que Pemex estaba enviando a la atmósfera 1 mil 143 millones de pies cúbicos diarios, que representaban 774 millones más de lo programado, es decir, casi el 20 por ciento del energético. Detalló que la mayor quema de gas en la atmósfera se registra en la Región Marina Noreste, con el 83 por ciento, debido a fallas de los equipos en plataformas.ContaminaciónEl director de Pemex dijo que los rubros más sacrificados con el subejercicio de las subsidiarias eran los programas de seguridad industrial y de protección ambiental, los cuales registraban niveles récord de emisiones y residuos contaminantes en casi todas.Las emisiones de SO2 (dióxido de azufre) y de CO2 (dióxido de carbono) se incrementaron 19.3 por ciento y 11.9 por ciento, respectivamente. En términos de emisiones y pasivos ambientales, el inventario final de residuos peligrosos se incrementó 9.5 por ciento. El 80.5 por ciento de estos residuos correspondía a las actividades de refinación y el 30 por ciento, a lodos aceitosos.Por la falta de aplicación de programas ambientales en Pemex Petroquímica, entre enero y marzo de 2008 los residuos se incrementaron 21.5 por ciento, equivalentes a 11 mil 800 toneladas.Tras la intervención de Reyes Heroles, Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dijo: “Los contratistas usualmente buscan abaratar costos para hacer lo que quieren y nada más sacar dinero, y la verdad es que es un problema continuo”.En el curso de la sesión se detallaron proyectos mal planificados, suspensión de muchos otros. También se abordó el punto laboral: Reyes Heroles informó que había eliminado 824 plazas de Refinación.Reveló que, salvo en producción de gas natural, la empresa a su cargo incumplió todas las metas, como la de ahorro presupuestal de gastos personales, programada en 1 mil 263. 5 millones de pesos y que fue de 196 millones.Georgina Kessel, secretaria de Energía; Carlos Alberto Treviño Medina, director de Programación y Presupuesto B de la Secretaría de Hacienda; Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat; Humberto Treviño Landois, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Fausto Barajas Cumrnings, secretario técnico del Gabinete de Infraestructura y Turismo de la Presidencia de la República; Gustavo Mendoza Fierros, asesor económico del subsecretario de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales de la Secretaría de Economía, a la sazón consejeros suplentes representantes del Estado, avalaron el informe.Además de ellos, los consejeros propietarios del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana: Ricardo Aldana Prieto, Jorge Wade González, Héctor Manuel Sosa Rodríguez y Pedro García Barabata; el comisario público, Manuel Onofre Cossío de la Garza; el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, Alejandro Fleming Kauffman; secretario técnico de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, Raoul Capdevielle Orozco.Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez, comisario público suplente del Sector Energía de la Secretaría de la Función Pública; Jordy H. Herrera Flores, subsecretario de Planeación Estratégica y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía; Mauro Díaz Domínguez, coordinador de asesores de la Secretaría de Energía.Por los directivos de Pemex: Jesús Reyes Heroles; el titular de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil; José Antonio Ceballos Soberanis, director de Pemex-Refinación; Roberto Ramírez Soberón, director de Pemex Gas y Petroquímica Básica; Rafael Beverido Lomelín, director de Petroquímica.Finalmente, los directores corporativos de Administración, Rosendo Villarreal Dávila, Esteban Levín Bacells, de Finanzas; Raúl Livas Elizondo, de Operaciones; Jorge Borja Navarrete, de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos; Roberto Ortega Lomelín, coordinador Ejecutivo; Mariano Ruiz Funes Macedo, coordinador de Asesores; José Fortunato Álvarez Enríquez, titular del Órgano Interno de Control; y José Néstor García Reza, abogado general.Las consecuenciasGerardo Esquivel, investigador y docente del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, advierte que, siendo la principal generadora de ingresos del Estado, el subejercicio en Pemex impacta la economía de todo el país.Explica que no sólo atenta contra los proyectos en sí, sino contra la generación de recursos que suponen esos mismos proyectos. “Es un problema muy grave, pues es el área de donde se originan la mayoría de recursos que impulsan el gasto público. Atenta contra la capacidad de desarrollo de la empresa en general”.Alejandro Villagomez, doctor en economía por la Universidad de Washington, St Louis, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dice que el subejercicio en Pemex supone implicaciones fiscales, “en el sentido de que los ingresos que se están recaudando son menores a los que se preveían y que podrían generar un déficit mayor al que se había aprobado.La Gerencia de Comunicación Social de Pemex negó la entrevista que Contralínea solicitó con Reyes heroles. Tampoco accedió a precisar las pérdidas que generó el subejercicio en el primer trimestre de 2008, la cancelación de proyectos y la subutilización de la infraestructura.

Procampo pronarco

Financia Procampo políticos y hasta familiares de narcos

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

El auge del narcotráfico mexicano resulta, naturalmente, de un incremento constante de la demanda estadunidense de drogas ilegales, y de la conversión de nuestro país en mercado creciente de esos estupefacientes al mismo tiempo que conservaba su condición de ruta desde los proveedores hacia el consumo. Pero otros factores han ayudado a la prosperidad de ese segmento principal de la delincuencia organizada. Uno, principalísimo, es el conjunto de vicios que afectan a los gobiernos locales y al federal, que favorecen la ilegalidad en general y la que se refiere a los mercaderes de narcóticos en particular. La ineptitud, la abulia, el temor y sobre todo la corrupción son deficiencias, lacras de los gobernantes que benefician a los delincuentes pues conducen a la impunidad, es decir a la falta de castigo, que es a su vez el mejor caldo de cultivo para la delincuencia.Se desmentirá la afirmación anterior sobre la impunidad alegando la persecución a las bandas dedicadas al tráfico de drogas, las aprehensiones de altos jefes (en el pasado priista) y de multitud de mandos medios en los años de Fox y Calderón (en que ningún pez gordo ha sido atrapado y, al contrario, se produjo la libertad de Joaquín Guzmán Loera, uno de los de mayor dimensión, tan vasta que figura en el elenco de los multimillonarios del mundo según Forbes), y la disminución de la violencia en algunas ciudades.Pero no suele reconocerse que buena parte de las aprehensiones no concluyen en sentencias condenatorias, por lo que la cifra de detenidos es, además de falsa, demagógica, propia sólo para la propaganda. Una vez capturados los presuntos delincuentes, pueden quedar libres durante la averiguación previa, al cabo del proceso de primera instancia, o en la apelación, o en las fases del juicio de amparo correspondiente. Y aun queda la posibilidad de marcharse de las prisiones, para lo cual no se requiere ser El Chapo, sino uno de los 50 reclusos que se fueron del penal zacatecano de Cieneguillas u otros que escaparon de cárceles porosas como la de Apatzingán. En último término, son muchos los detenidos y pocos los castigados. Y por ello, y por su propia organización, configurada para resistir avatares de diversa suerte, el narcotráfico prospera y, en una espiral perversa, mientras más crece más crece.Cuenta además con otras ayudas, insignificantes si se quiere comparadas con los volúmenes de dinero que maneja, y con sus pingües ganancias, pero que ofrecen una idea de cómo su auge está vinculado a sus relaciones con diversos niveles y campos del gobierno, y a la aceptación social que con su riqueza malhabida logran en los medios donde se establecen e instalan a sus familias. Un ejemplo de ese género de ayudas laterales, que además de dejar algún dinerito otorgan prestigio social (hasta que alguna espantosa tragedia causa lo contrario), es la guardería de afortunado nombre, El Niño Feliz, SC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a María Teresa Zambada Niebla, como parte de una sociedad civil en que también participan Rosa María Zazueta Zambada, Maité Díaz Zambada y José Ernesto de los mismos apellidos. El establecimiento existe desde 2001, pero su contrato vigente (hasta el último día de este año) data de comienzos de 2007, por lo que está firmado por Juan Molinar Horcasitas, entonces director del IMSS.El 17 de mayo de ese año la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro estadunidense dio a conocer un documento titulado Red financiera de Ismael Zambada García. Ese papel oficial del gobierno de Estados Unidos contiene las denominaciones de seis negocios y los nombres de 12 personas encargadas de lavar el dinero que El Mayo Zambada –pues de él se trata– gana como jefe de una poderosa banda de narcotraficantes, muy buscado en México y en Estados Unidos, sólo que allá se averigua el modo en que hace entrar sus ganancias en el circuito legal del dinero y no se intenta atraparlo en enfrentamientos armados. En la lista del Departamento del Tesoro figuran la guardería y su directora, María Teresa, hija de El Mayo. Se halla también el nombre de Carmen Amalia Araujo Laveaga, que aparece como representante legal de la guardería en el contrato con el IMSS, donde pacta un pago de mil 500 pesos al mes por cada uno de los 209 niños que alberga.Las omisas autoridades mexicanas que recibieron esa información de sus iguales del otro lado no hicieron el menor caso de su contenido. No han intervenido ninguno de los negocios enumerados en el documento estadunidense. Eso se comprobó hace unas semanas, cuando se dio a conocer la lista de guarderías subrogadas y sus responsables. El Niño Feliz sigue operando. En dos años ninguna policía, ningún funcionario de Hacienda verificó lo dicho por el Departamento del Tesoro y, en consecuencia, no se tomaron medidas para cegar esa fuente de lavado de dinero (que además deja alguna pequeña utilidad).Más gruesos son los ingresos de los narcotraficantes y sus familiares que cobran el monto de jugosos subsidios en el Programa de Apoyos Directos al Campo, ideado por Carlos Salinas en 1994 y más conocido como Procampo. Entre el 27 y el 30 de julio, El Universal dedicó su espacio principal en la primera plana a dar cuenta de una vasta investigación realizada por Evangelina Hernández e Ignacio Alvarado, con base en estudios realizados por Mauricio Merino (exconsejero electoral ahora miembro del Centro de Investigación y Docencia Económica), el organismo civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, y entrevistas a la diputada Nora Ruvalcaba, al propio Merino y a otros conocedores del tema. Resulta de esas indagaciones, independientemente de si el Procampo cumplió sus propósitos, los explícitos y los tácitos, cómo ha servido para entregar dinero público a políticos y narcotraficantes. Las investigaciones ofrecen abundante material para la reflexión (y la indignación), pero ahora nos detenemos sólo en las dádivas a las familias de tratantes de drogas, tan abundantes que ameritan llamar Pronarco a por lo menos un segmento de ese programa.A partir del descubrimiento de que un invernadero propiedad de narcotraficantes en Aguascalientes estaba en la lista de propiedades agrícolas subsidiadas por Procampo, la diputada Ruvalcaba estudió el padrón respectivo y halló entre los beneficiarios del dinero público a Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos de El Chapo, así como a uno de sus sobrinos, Leobardo Elenes Salazar, y al más reciente de sus suegros, Inés Coronel Barreras. Se encuentran también en ese caso miembros de las familias Beltrán Leyva, Valencia Valencia, Palma, Quintero Páez, así como Margarita Cázares Salazar y Jesús Raúl Beltrán Ugarte, “principal lugarteniente de Ignacio Coronel Villarreal”.La indagación de los reporteros Hernández y Alvarado, a su vez, precisó que la familia Carrillo Fuentes (la del cártel de Juárez) recibió diversos apoyos, hasta sumar 2 millones 450 mil pesos. La parentela de El Mayo Zambada obtuvo entre 1998 y 2003 casi un millón de pesos: 998 mil 267. De esa cantidad uno de sus hijos, Vicente Zambada Niebla, recibió más de la mitad: 555 mil 290 pesos. A su hermana la dueña de la guardería se le entregó apoyo para la siembra de 80 hectáreas. Más modestos, los Guzmán Loera cobraron 376 mil 198 pesos. La diputada Ruvalcaba y los reporteros de El Universal cumplieron una tarea que han omitido las autoridades, porque no se interesan en investigar los bienes de los narcotraficantes y en decomisarlos, uno de los pocos remedios eficaces contra su actividad. Esperemos que ahora que otros hicieron esa labor, la unidad de lavado de dinero de Hacienda, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR y la Coordinación de Inteligencia de la Secretaría de Salud (que tanto se ufana de su modernidad) ataquen ese flanco del narcotráfico.Claro que eso es suponer que por lo menos leen los periódicos.
Evangelina Hernández / Ignacio AlvaradoEL UNIVERSAL
Distrito Federal— Procampo, el programa que México diseñó hace 15 años para preparar a sus productores agrarios frente a la inminente competencia con Estados Unidos y Canadá, otorgó recursos a narcotraficantes y a sus familiares durante años y hasta el último dato disponible de 2008, de acuerdo con el padrón de la Sagarpa.Entre los beneficiarios hay individuos vinculados a los principales cárteles de la droga en el país, con los que el Estado mantiene una guerra armada: el de Sinaloa, el de Juárez, el del Golfo y el del Milenio.También subsidia a funcionarios y ex funcionarios locales y federales. En el padrón hay gobernadores y diputados, en activo o de administraciones pasadas, así como poderosos agroindustriales y líderes de organizaciones campesinas. Ellos forman parte del 1% del padrón de privilegiados que reciben la mayoría de los recursos. Procampo fue creado para apoyar a los productores más pobres del país, que se verían afectados con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).Ese 1% de privilegiados ha recibido 38 mil 558 millones de pesos. Tan solo los familiares de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, cobraron, entre 1998 y 2003, 998 mil 267 pesos del Programa de Apoyo Directo al Campo. Una de sus hijas, María Teresa Zambada Niebla, solicitó el subsidio para la siembra de 80 hectáreas sin notificar, como se requiere, el giro que le daría a sus tierras. Zambada es también socia de la estancia infantil 1127 “Niño Feliz” subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán. Igualmente se ayudó a Vicente Zambada Niebla, detenido en marzo de 2009; recibió 555 mil 220 pesos.Los hermanos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, otro de los líderes del Cártel de Sinaloa, recibieron apoyo por 376 mil 198 pesos. Jesús, Ofelina y Aureliano obtuvieron dinero federal todavía en el ciclo primavera-verano de 2008.Los Carrillo Fuentes, relacionados con los últimos líderes del Cártel de los Arellano Félix (Amado y Vicente), figuran 44 veces en el padrón. Recibieron del Gobierno Federal apoyo por diversos montos que van desde 2 mil 607 pesos hasta 2 millones 450 mil 581.Ventura Valencia Valencia, hermano del fundador del Cártel del Milenio, Luis Valencia Valencia, y asesinado en noviembre de 2008, cobró casi 50 mil pesos para la siembra de pasto perene en cuatro hectáreas.Humberto García ábrego, hermano del jefe del Cártel del Golfo (Juan) hasta que fue deportado a Estados Unidos en 1995, recibió 342 mil 384 pesos para la siembra de maíz y sorgo. Otros familiares también aparecen en la lista de beneficiarios.Funcionarios que han ocupado cargos públicos desde 1994, fecha en que fue conformado el padrón del Procampo están en la lista. Es el caso de los hermanos de Vicente Fox Quesada, Javier, José Luis y Cristóbal. El beneficio se les empezó a entregar a partir del año 2000, fecha en que inició la administración del ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN).El gobernador de Durango, Ismael Hernández Derás, es parte del padrón y de 2000 a 2008 ha cobrado 26 mil 260 pesos. Los ex mandatarios Maximiliano Silerio Esparza y Fernando Baeza Meléndez, de Durango y Chihuahua respectivamente, obtuvieron un millón 161 mil 756 pesos el primero, y 305 mil 44 pesos el segundo.

¿Pronarco o procampo?
El Promota es el Programa Nacional de Fomento para el Cultivo de Mariguana. Este programa de subsidios no existe, al menos con ese nombre. El Procampo es el mecanismo de transferencia de recursos para productores agrícolas de cultivos lícitos. Sin embargo, dineros del Procampo han financiado la cosecha de siembras no legales. De acuerdo a una nota de Reforma (8-XI-2008), algunas familias vinculadas al narcotráfico son favorecidas por el programa de subsidios agrícolas.No debería ser sorpresa que en un programa con casi 3 millones de beneficiarios se cuele uno que otro sembrador de vegetales prohibidos por la ley. El problema más grave del Procampo no son los narcosubsidios, sino la entrega monumental de dinero a productores agrícolas exitosos que no requieren de la beneficencia del gobierno. De acuerdo a la página de Internet www.subsidiosalcampo.org.mx, el 5% de los agricultores más ricos concentra el 44% de los recursos totales entregados en la historia de Procampo (1994-2008). En contraste, el 80% de los beneficiarios más pobres recibieron apenas el 27% de los fondos, durante el mismo periodo. Suponer que el presupuesto gastado en el campo mexicano, beneficia a los campesinos pobres es un mito.El decreto de creación del Procampo de 1994 establece: "más de 2.2 millones de productores rurales que destinan su producción al autoconsumo se encontraban al margen de los sistemas de apoyos, y en consecuencia en desigualdad este sistema… (el programa) tiene como uno de sus principales objetivos mejorar el nivel de ingreso de aquellos productores." A 15 años de su creación, Procampo ha logrado exactamente el objetivo contrario: con cada peso que se gasta en este subsidio aumenta la brecha de desigualdad en las zonas rurales.¿Es responsabilidad de la Secretaría de Agricultura combatir la desigualdad y la pobreza en el campo mexicano? ¿Para qué sirve Sedesol y el programa Oportunidades? En 2008, el dinero gastado en Procampo representó el 84% del presupuesto asignado a Oportunidades. Este programa, a cargo de Sedesol, cumple con el propósito de apoyar a 4.8 millones de familias que viven por debajo de la línea de pobreza. Los resultados positivos de Oportunidades han sido validados por evaluadores externos. Si el sentido común gobernara las decisiones presupuestales, el dinero que se malgasta en Procampo se debería de transferir a Oportunidades u otro programa que diera mejores resultados.

Peña Nieto y su madre, en la lista de beneficiarios del Procampo
JENARO VILLAMILMEXICO, D.F., 29 de julio (apro).- El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, admitió que aparece en la lista de beneficiados del Procampo y que recibió 29 mil 793 pesos entre 1995 y 2008, ya que cuenta con dos hectáreas y media, donde siembra maíz y otros cultivos. De acuerdo con la lista difundida por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, entre los beneficiados de Procampo también aparece la madre de Peña Nieto, María del Socorro Nieto Sánchez, quien recibió una suma total de 940 mil 114 pesos en seis ocasiones entre 1994 y 2008, al igual que el secretario de Desarrollo Agropecuario del estado de México, Arturo Osornio Sánchez, quien recibió "apoyos" económicos por 172 mil 260 pesos por 90 hectáreas para cosechar de maíz. Otro caso de "apoyo" recibido por este programa, supuestamente destinado a apoyar a los agricultores sin recursos, es el diputado federal mexiquense Gustavo Cárdenas Monroy. De acuerdo con el padrón, este legislador priista recibió apoyos en cuatro ocasiones por un monto que asciende a 213 mil 126 pesos. Los nombres de Peña Nieto y el de su madre se suman a una larga lista de parientes de políticos, como los hermanos del expresidente Vicente Fox, de exgobernadores del PRI y de funcionarios de Agricultura de diversas entidades, que han recibido los apoyos de un programa que buscaba paliar los efectos de la pobreza en el campo. "La razón de ser del Procampo era apoyar a productores necesitados, por eso no nos cuadra" el apoyo a políticos, afirmó el senador panista por Querétaro, Guillermo Tamborrel. Por su parte, el presidente del Senado, el panista Gustavo Madero le reclamó a los medios de comunicación "una gran responsabilidad" al dar a conocer la lista de beneficiarios del Procampo, ya que "se mezclan, al mismo nivel, nombres de actores políticos con narcotraficantes y personas que en su justo derecho están recibiendo apoyos para desempeñar su actividad". Añadió: "Quiero mencionar que se incluyó el nombre de un hermano mío. Yo quisiera también que informaran cuánto recibió mi carnal (sic) por este apoyo y van a ver que no llegó a los 50 mil pesos".

Fideicomisos Millonarios

La administración de Felipe Calderón mantiene 356 fideicomisos, mandatos y contratos análogos vigentes, cuyos recursos superan los 500 mil millones de pesos. El monto es 43 por ciento mayor que lo resguardado en 2006 –220 mil MDP–, cuando el gobierno de Vicente Fox se comprometió a transparentar la llamadas cajas chicas. Al cierre del primer trimestre de 2009, dos fondos de Pemex transferían 18 mil millones de pesos, indica un amplio reporte de Hacienda.



Nancy Flores



Los fideicomisos, mandatos y contratos análogos forman parte de la lista de las 13 áreas de opacidad y riesgo de la administración pública, integrada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). A estas figuras se les conoce como “los hoyos negros del gobierno federal”, pues desde 2001 los secretos fiduciario y bancario han obstaculizado su fiscalización.Al cierre del primer trimestre de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reporta 356 actos jurídicos vigentes en la administración federal, que comprometen recursos públicos por 486 mil 964 millones 800 mil pesos. Además, refiere un movimiento financiero entre dos fideicomisos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 18 mil 17 millones 697 mil pesos. Con ello, el dinero fideicomitido asciende a 504 mil 982 millones 497 mil pesos en total.Estos recursos –que equivalen al 16.58 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, considerado el más alto de la historia: 3 billones 45 mil 478 millones 600 mil pesos– representarían, por ejemplo, la construcción de 4 mil 760 hospitales, con un costo de 106 millones de pesos por cada uno.Aunque en 2005 tomó fuerza la controversia por la escasa rendición de cuentas de estas figuras jurídicas –con el caso del fideicomiso privado Aduanas I, constituido por la Secretaría de Hacienda en 1993 para captar los recursos provenientes de la contraprestación aduanera– y la administración de Vicente Fox se comprometió un año después a transparentarlas, con el paso del tiempo los recursos destinados a ellas han aumentado.Tan sólo al inicio de la administración de Calderón estaban registrados 305 fideicomisos más que los ahora vigentes, pero los montos eran 43 por ciento menores a los actuales: mientras en 2006 se reportaban 616 fideicomisos con disponibilidades por 220 mil 393 millones de pesos, en 2009 son 356, con 504 mil 982 millones.“Los fideicomisos siguen aumentando en términos de recursos. Ahora ya tenemos medio billón de pesos (en ellos), de los cuales no se sabe nada”, critica Mario Di Costanzo.El analista financiero asegura que estas figuras aún tienen problemas de transparencia. “La Secretaría de Hacienda ya está obligada a informar la existencia de éstos y ahora los podemos conocer a través de los informes de finanzas, pero no es suficiente, pues se desconoce el destino del dinero”.El 25 de marzo pasado, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la propia ASF acordaron trabajar en un proyecto de reforma para impedir la creación de fideicomisos, mandatos y contratos análogos. De acuerdo con información de la auditoría, hay hasta 1 mil figuras jurídicas constituidas con recursos públicos y manejadas por funcionarios de los tres niveles de gobierno.La reforma tiene como prioridad cancelar la facultad que tienen servidores públicos y mandatarios de constituir fondos multimillonarios, con reglas propias y “sin métodos eficientes de fiscalización ni transparencia”.No obstante, Di Costanzo asegura que ésa no es la solución: hay que establecer reglas de fiscalización, porque estas figuras no son malas per se; además, se correría el riesgo de que los funcionarios busquen otras vías para sacar los recursos.El recién electo diputado federal indica que es la Ley Orgánica de la Administración Pública la que establece la posibilidad de que el Ejecutivo federal utilice fideicomisos “para la mejor administración pública”.Hacienda: la gran bolsaLos más de 504 mil millones reportados al primer trimestre de 2009 revelan una merma de 776 millones de pesos respecto del monto reportado al cierre del cuarto trimestre de 2008, por 505 mil 758 millones 500 mil pesos. Respecto de esto, Hacienda no ofrece explicación.Para Di Costanzo, el problema de la transparencia no está solucionado: es parte de las reformas presupuestaria y de rendición de cuentas que tienen que hacerse en el Congreso, “porque ellos dicen que ya son transparentes pero a nadie le consta a dónde va ese dinero. ¿Dónde están los 500 mil millones de pesos cuando podrían servir para reactivar la economía mexicana?”De los 356 fideicomisos, mandatos y contratos análogos con registro vigente, 25 concentran el 91.8 por ciento de las disponibilidades –como se les llama al total de recursos públicos comprometidos–, indica el “Anexo XIV” del Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al 31 de marzo de 2009.Esas 25 figuras jurídicas, que implican recursos públicos por 446 mil 924 millones 800 mil pesos, se dividen en seis rubros: estabilización presupuestaria, pensiones, infraestructura pública, apoyos financieros y otros, prestaciones laborales y subsidios y apoyos.La SHCP controla 18 de esos fideicomisos; Pemex, dos, y las secretarías de Seguridad Pública, Educación Pública, Medio Ambiente, Salud y Comunicaciones y Transportes manejan uno, respectivamente.Los fondos que se coordinan desde la dependencia a cargo de Agustín Carstens involucran 377 mil 393 millones 300 mil pesos, que equivalen al 77.49 por ciento del total de recursos disponibles en la cartera de todos los fideicomisos vigentes. Muy por debajo de esa cantidad, le sigue Pemex –con 24 mil 314 millones 100 mil pesos– y el resto.Di Costanzo considera la concentración de dinero se hace con “discrecionalidad”, puesto que son sólo 25 los fideicomisos que involucran más del 90 por ciento del total. “Para qué queremos tantos fideicomisos (356) si todo está concentrado en 25. Además, si todo está concentrado en esos 25 pues tiene que ser muy explícito el destino y uso de estos recursos, puesto que no es difícil, entonces, darle seguimiento a estas operaciones: origen, destino y aplicación”.El analista financiero indica que si los 351 fondos restantes no se utilizan o se subutilizan, se deben desaparecer, pues le causan costos administrativos al gobierno federal. “Hay que optimizar el gasto y acabar con estas cajas negras, porque si tienen de 1 a 1 millón de pesos no sirven para nada”.Los cinco fideicomisos multimillonariosDe los 25 fideicomisos, cinco destacan por los montos que involucran. El primero es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), directamente operado por la SHCP, con una disponibilidad de 87 mil 450 millones 61 mil pesos.Éste tiene por objeto “aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos petroleros del gobierno federal, asociadas a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos”.También, los “movimientos del tipo de cambio del peso frente al dólar estadunidense, respecto a los estimados en la Ley de Ingresos de la federación del ejercicio fiscal de que se trate, para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el presupuesto de egresos de la federación correspondiente”.De acuerdo con el Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al 31 de diciembre de 2008, en ese año el FEIP desembolsó 15 mil 496 millones 943 mil 679 pesos. El destino: “Pago de honorarios a la fiduciaria y pago de coberturas petroleras”.Le sigue el Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones, manejado por la Unidad Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, con una bolsa de 64 mil 287 millones 407 mil pesos.Su objetivo es “apoyar la reestructuración de los sistemas públicos de pensiones para contribuir a la consolidación de un sistema nacional de pensiones basado en cuentas individuales, más equitativo y con mayor cobertura” (sic).Este mandato se constituyó el 4 de febrero de 2009 con una aportación inicial de 63 mil 697 millones 753 mil pesos, y reemplaza a su homónimo con número de registro 20080641101488, dado de baja el 24 de febrero pasado.Antes de ser extinguido, en 2008 el antiguo Fondo de Apoyo para la Reestructuración de Pensiones gastó 25 mil millones de pesos. A decir del Informe trimestral sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al 31 de diciembre de 2008, las multimillonarias “erogaciones se efectuaron de conformidad con los fines y los lineamientos del fondo”.En el tercer lugar se coloca el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, controlado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, pues implica 59 mil 415 millones 17 mil pesos.De acuerdo con la información oficial, su objetivo es “fungir como vehículo de coordinación de la administración pública federal para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística; que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y recursos presupuestales para tal efecto.En cuarto lugar se ubica el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, coordinado por la Unidad Política y Control Presupuestario, y cuya bolsa de recursos públicos asciende a 30 mil 976 millones 656 mil pesos. Este fideicomiso está destinado a compensar la disminución en la reserva federal respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos.Con una disponibilidad de 21 mil 230 millones 29 mil pesos, el Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural –dependiente del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes– se coloca en el quinto lugar.De la información integrada por la Secretaría de Hacienda se desprende que a través de éste se realiza el “pago oportuno de obligaciones de pensiones, jubilaciones, gastos de servicio médico y beneficios al fallecimiento”, del personal del extinto Banrural.Al primer trimestre de 2009, los gastos por estos conceptos ascendieron a 452 millones 677 mil pesos; mientras que en 2008 sumaron los 1 mil 928 millones 440 mil pesos.Para acabar con la discrecionalidad de los fideicomisos, el diputado electo Mario Di Costanzo propone que en todos los comités técnicos de los fideicomisos haya un representante de la ASF que verifique la actuación.“Esto tiene que ser objeto precisamente de una reforma a la Ley de la Administración Pública y a la Ley de Fiscalización Superior, que permita y obligue al Ejecutivo federal a contar con un comisario o integrante del comité técnico que pertenezca a la auditoría, más aún cuando estos fideicomisos emiten deuda: ésta sí debe estar soportada y documentada, para que sea la Cámara de Diputados la que autorice o no el endeudamiento del fideicomiso”.

Impunidad

ERNESTO VILLANUEVA

El diseño institucional del Estado mexicano está confeccionado para que la corrupción sea impune y para dejar sin sanción conductas que deben ser objeto de castigo. Este principio hace que las campañas para el combate a la corrupción, incluida la retórica figura de los testigos sociales de las licitaciones y compras de los distintos órdenes y niveles de gobierno, cumplan sólo un cometido testimonial para dejar las cosas como están. De la cúspide a la base puede documentarse cómo el sistema legal genera incentivos perversos para que México sea “un país sin consecuencias”. Primero. Las leyes de transparencia han sido un logro para ejercer mayores espacios de escrutinio público que en el pasado inmediato. También, sin embargo, han dado vida al cinismo de la autoridad que, frente a las pruebas de que varias cosas andan mal, no hace absolutamente nada. Muchas denuncias públicas debidamente documentadas que en un país medianamente democrático generarían estupor, indignación y la aplicación de la ley, en México sólo generan simulación, apostando a la falta de memoria de la comunidad. Peor todavía, los órganos internos de control y las contralorías internas funcionan más para intentar dejar sin rastros el uso indebido de recursos públicos que para ser efectivamente garantes del combate a la corrupción. El único pecado que no se perdona es la falta de complicidad, dice el adagio de la política mexicana que se aplica –ese sí– con puntualidad. Segundo. Los órganos de control operan inadecuadamente porque han sido creados precisamente para que cumplan sus funciones de manera acotada. Los ejemplos saltan a la vista. De entrada, la Auditoría Superior de la Federación carece de autonomía legal. Se trata de una entidad que forma parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y una de las causales de revocación del titular que nombra la Cámara de Diputados es “obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la Comisión (de Vigilancia de la Auditoría de la propia Cámara), durante dos ejercicios consecutivos”, según el artículo 92, fracción VII de la “vanguardista” Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En las entidades federativas las cosas están igual y en muchas de ellas peor. En el Distrito Federal, por ejemplo, la Asamblea Legislativa del DF se autoasignó atribuciones que ofenden la inteligencia de las personas. Y es que tiene facultades para ordenar a la Contaduría Mayor de Hacienda dónde puede realizar visitas o auditorías. Ello se presta, por supuesto, a negociaciones políticas para castigar o premiar a los regulados, según los vaivenes de la política. Tercero. Los órganos internos de control de los distintos niveles y órdenes de gobierno están todavía peor. Se trata de entidades donde los responsables son nombrados y removidos libremente por superiores a los que debe vigilar. ¿Se imagina alguien que el titular del órgano interno de control o auditor interno va a sancionar a quien le debe el cargo y lo puede despedir en cualquier momento? En el gobierno federal, el titular de la Secretaría de la Función Pública es designado de forma discrecional por el presidente para que el Poder Ejecutivo se vigile a sí mismo. Ese absurdo sólo lo aceptamos porque siempre han prevalecido este tipo de fórmulas y creemos que así deben continuar. El sistema está diseñado para realizar la tomadura de pelo perfecta. El órgano interno de control prepara, arregla y sistematiza la información susceptible de ser auditada para que el órgano superior de fiscalización dé su visto bueno o advierta errores menores para guardar un poco las formas.Cuarto. Para evitar comparaciones con los países más desarrollados, lo hago con aquellos que están en el lado opuesto. En términos generales se puede señalar que en esta materia se han dado muchos pasos adelante en relación con México. Baste mencionar algunos ejemplos para acreditar mis palabras. En Guatemala, la Contraloría General de Cuentas es un órgano autónomo constitucional, y en la designación de su titular intervienen, por mandato de la Constitución, universidades y colegios académicos. En El Salvador, la Corte de Cuentas de la República tiene participación de la Corte Suprema de Justicia, pero deja fuera al Legislativo y al Ejecutivo. En Nicaragua, la Contraloría General de la República es “un organismo independiente sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes”, según el artículo 156 de su Constitución. En Nigeria, el auditor general de la Federación es un órgano autónomo constitucional nombrado por el presidente de una terna enviada por el Consejo Ciudadano del Servicio Civil de Carrera y aprobado por el Senado. Y en Haití, la Corte Superior de Auditoría es también un órgano autónomo constitucional. En México el camino para una efectiva rendición de cuentas pasa necesariamente por un nuevo entramado legal que genere incentivos para que la transparencia, el combate a la corrupción y el fin de la impunidad puedan nacer. Lo demás es pura demagogia.evillanueva99@yahoo.com

Multimillonario subejercicio del gasto el primer año de Calderón

Ascendió a $120 mil millones; seguridad, desarrollo social e infraestructura, rubros afectados


El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, y el presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Antonio Ortega Martínez, ayer en el Palacio Legislativo de San LázaroFoto Cristina Rodríguez
Roberto Garduño y Enrique Méndez

En su primer año de gobierno, Felipe Calderón Hinojosa incurrió en un subejercicio por 120 mil millones de pesos del gasto público. Hace dos años se dejaron de invertir recursos multimillonarios en los ámbitos de seguridad pública, desarrollo social e infraestructura. El destino de aquel monto de dinero se dividió en fideicomisos, fondos, mandatos de la Federación y contratos, dándose por gastado a través de la Tesorería de la Federación en diciembre de 2007.
La denuncia de esa anomalía correspondió al auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, quien corroboró que al concluir el citado año había 28 transferencias multimillonarias “a distintos fideicomisos que no nos han explicado”. El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también acusó a la Cámara de Diputados por no haber aprobado las cuentas públicas 2002-2006, de Vicente Fox Quesada. “Es un mal mensaje a la sociedad de que no se está cumpliendo con un mandato de ley que es obligatorio”, consideró.
El funcionario, dependiente de la Cámara de Diputados, acudió a San Lázaro con objeto de recibir del presidente de la Comisión de Vigilancia, Antonio Ortega Martínez, y del director de la Unidad de Evaluación y Control del órgano legislativo, Roberto Michel, el pliego de observaciones al Informe de la Cuenta Pública 2007.
Tal documento será valorado con objeto de solicitar al gobierno panista el resarcimiento de aquellos recursos destinados por el Congreso federal a los programas sociales y de inversión previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
González de Aragón, quien concluirá su mandato al frente del órgano fiscalizador en los próximos meses, para dar paso a un nuevo funcionario designado por la Cámara de Diputados, expuso así el nivel de opacidad en el manejo de los recursos públicos durante el primer año de la actual administración panista:

“En 2007 habíamos detectado que aproximadamente 120 mil millones de pesos de disponibilidades provenientes de subejercicios habían sido transferidos a cuentas dentro de la Tesorería de la Federación o a fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos. Con esto nosotros no estábamos de acuerdo por una razón: debe cumplirse toda la normatividad en materia de ejercicio del gasto y esta manera de transferir los recursos es una forma de evitar el cumplimiento de las normas en materia de ejercicio del gasto público y esto no puede suceder.

“Las disponibilidades, entonces, se incrementan a nivel de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, y entonces se ejercen con alta discrecionalidad y no cumplen las normas presupuestales en materia del ejercicio del gasto; con otra: que se expiden cuentas por liquidar certificadas para dar por gastados los recursos, cuando lo único que están haciendo es realizar una transferencia de un renglón presupuestal al patrimonio de los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos y, obviamente, nosotros no estamos de acuerdo en que este tipo de prácticas se estén ejecutando. Esto, creemos nosotros que se hace, primero, de manera indebida y, segundo, para poder cumplir con un mandato de ley que establece que tiene que haber déficit cero, entonces por esa razón se transfieren los recursos y se dan como ejercidos”.

Las transferencias, conocidas en el terreno de la fiscalización como subejercicios, sumaron 28 actos multimillonarios. Los 120 mil millones de pesos fueron obtenidos de los presupuestos para los programas de desarrollo social, combate a la delincuencia e infraestructura. Al colocarse en los fideicomisos, fondos, mandatos de la Federación y contratos, ya no es posible revisar su destino y uso, y por lo tanto resultará casi imposible su devolución.

–¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para explicar el uso de los 120 mil millones?
–A partir de que recibieron nuestro comunicado tienen 45 días hábiles; esta fecha vence aproximadamente entre fines de mayo y la primera quincena de junio, de manera que estamos en el plazo exacto de recibir todas las contestaciones.
–De estos 120 mil millones, ¿cuánto corresponde al Fondo de Seguridad Pública?
–Vemos que el Fondo de Seguridad Pública dejó de ejercer en 2007 el 43 o 44 por ciento del monto total presupuestado, ¡lo cual es increíble en una circunstancia de inseguridad como la que vive el país! ¿Cómo es posible que dejen de ejercer esa cantidad de recursos? Luego nos quejamos de que no tenemos los suficientes fondos para tomar decisiones y acciones para combatir la delincuencia.
–¿A cuanto ascendía el monto total del fondo de seguridad?
–Aproximadamente 6 mil 600 millones de pesos, si la memoria no me falla, y se dejaron de ejercer cerca de 2 mil 300 millones.
Al preguntarle si habría omisión de la Cámara de Diputados porque no se aprobaron, por la presión del PAN, las cuentas públicas del gobierno de Vicente Fox, el funcionario la emprendió contra el órgano legislativo.
“Lo deja muy mal parado porque ya debieron haber aprobado y sometido a autorización del pleno de la Cámara los dictámenes correspondientes a las cuentas públicas 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, y ahora se les va a acumular la de 2007. Creo que deberán hacer un gran esfuerzo para cumplir con un mandato constitucional. Esto no se puede diferir más tiempo”.
–¿Qué mensajes se ofrecen con esto a la sociedad?
–Malos mensajes de que no se está cumpliendo con un mandato de ley que es obligatorio –concluyó el auditor.

El operativo

Luis Javier Garrido

Las decisiones políticas tienen también repercusiones económicas y el gobierno panista de facto de Felipe Calderón parece ignorarlo.
1. El desastroso espectáculo de este gobierno, que será siempre ilegítimo y que no gobierna, mientras se continúan agravando los principales problemas del país, es ya crítico porque en estas semanas aparece limitado a preparar operativos mediáticos de corte político-electoral, que están teniendo también hondas repercusiones en la economía del país, a la que ha prácticamente destrozado Calderón con sus iniciativas.

2. La derecha mexicana no tiene un proyecto nacional, y la gravísima situación financiera, económica y social por la que atraviesa México no es más que consecuencia del desenfrenado saqueo que ha sufrido bajo el gobierno de la camarilla de Calderón, pero también de la estulticia de éste para tomar decisiones políticas, ignorando que tienen repercusiones económicas. Con un gobierno panista, se decía hace unos años, la economía marcharía bien porque los dueños del capital nacionales y extranjeros tendrían confianza, y lo que se ve es lo contrario, como lo acaba de informar el Banco de México, dando a conocer que en los últimos ocho meses salieron del país 14 mil 650 millones de dólares (La Jornada, 4 de junio).

3. Los problemas nacionales no hacen más que crecer, el desastre en el campo es cada vez mayor, el desempleo es ya desenfrenado, como el empobrecimiento de la gente, las empresas pequeñas y medianas siguen desapareciendo y Calderón no atina más que a fotografiarse una y otra vez con las fuerzas armadas en un ritual cada vez más ridículo, y a ordenar que se hagan detenciones sin ton ni son pero con criterios político-electorales, a sabiendas de que el PAN va a perder las legislativas de 2009, de no mediar un macrofraude electoral.

4. El fracaso de los estrategas de la derecha en el intento de levantar a través de los medios la imagen de Calderón, de su partido y de su gobierno, se debe no sólo al origen ilegítimo de éste, a su mediocridad personal y a sus políticas contrarias a los intereses populares, sino también a su talante ultraderechista y faccioso. Antonio Solá, presidente de la empresa Ostos y Solá, y “asesor principal” o “gurú” (como allá se le llama) de la campaña perdedora del PP español en 2008, y también del espurio mexicano, se lamentaba en la primera plana de El País de ayer, quizás pensando también en México, de no poder hacer demasiado ahora para las elecciones europeas porque quien encabeza las listas del partido de Aznar y de Rajoy –los mentores de Calderón– es, decía, “muy de derechas”.

5. En el caso de México hay algo, sin embargo, muy grave, en que los analistas no parecen reparar, y es que las políticas ya abiertamente fascistoides de Calderón y del PAN los han llevado no sólo a cometer todo tipo de tropelías contra los ciudadanos sino que están construyendo en el país un marco seudoconstitucional y seudojurídico, con la complicidad del PRI y del sector más corrompido del PRD, equiparable al que existía en la España franquista o en el Chile de Pinochet, que tiende a permitirles a los cada vez más numerosos aparatos represivos o “de seguridad” oficiales pasar por encima de los derechos fundamentales de los mexicanos, realizando detenciones sin órdenes de un juez, o lo que ha sido una de las obsesiones de Calderón: la posibilidad de violentar los domicilios particulares también sin tener una orden judicial.

6. El gobierno de los grupos de ultraderecha que asaltaron el poder en 2006 a través del fraude electoral ha constituido en los hechos un poder depredador, pues ha proseguido en su empeño de desmantelar con criterios neoliberales el marco constitucional mexicano en lo relativo tanto a los derechos originarios de la nación como a los derechos sociales del pueblo mexicano –que le daban sentido a la Constitución de 1917 y constituyeron el programa de los gobiernos posrevolucionarios–, pero con Calderón se ha empeñado también en atentar contra el capítulo de las garantías individuales y, sobre todo, en hacer trizas las garantías judiciales, lo que poco tiene que ver con una pretendida guerra contra el crimen.

7. Las contrarreformas legales –y en algunos casos constitucionales– que han ido aprobándose supuestamente para luchar contra el narco, en realidad constituyen una amenaza para la ciudadanía y para los movimientos sociales, pues retrotraen en más de un siglo el reloj de la historia, al pretender crear un Estado policiaco sustentado en una maraña de leyes sin pies ni cabeza. La contrarreforma judicial de 2008 sentó las bases para “regularizar” a la inconstitucional Policía Federal Preventiva o PFP, al tolerar a cuerpos policiacos no precisados, y ésta ahora se transforma en Policía Federal (PF), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con nuevas atribuciones, buscando ocultar su negro historial de violación de los derechos de los mexicanos en los últimos años. La llamada Ley de la Policía Federal, publicada en el Diario Oficial del lunes primero de junio, es un engendro seudojurídico más, pues busca “legalizar” este cuerpo policiaco inconstitucional, haciéndolo pasar de policía preventiva a policía investigadora de los delitos, y duplicando de esta manera las funciones de la antes llamada Policía Judicial Federal, luego Agencia Federal de Investigación o AFI, y ahora Policía Federal Ministerial o PFM, dependiente de la Procuraduría General de la República, responsable de la investigación de los delitos federales.

8. El desastre institucional y legal es absoluto, pues amparándose en los nuevos principios aberrantes, dichos cuerpos podrían ya en los hechos realizar arrestos sin mandamiento judicial, allanar domicilios, intervenir llamadas telefónicas y dispersar manifestaciones libres, con lo que el escenario social y político de México se va a deteriorar aún más. Un operativo como el bárbaro llevado a cabo en Atenco en 2006, ahora sería “legal”, y por eso algunos se preguntan ¿dónde están las barras, colegios y asociaciones de abogados penalistas? ¿Cómo es posible que se esté degradando así la situación en México?

9. El miedo de Calderón y de sus amigos al pueblo de México los ha llevado a destruir las instituciones públicas como jamás se había hecho en el pasado en ningún momento de nuestra historia.

10. El verdadero operativo que hay en el país es, como se ve, el de consolidar en el poder económico y político de México a una serie de mafias de poder, que están saqueando nuestros recursos estratégicos, y que encabezadas formalmente por Calderón constituyen el verdadero crimen organizado, aunque muchos parezcan no darse cuenta.

ÁLVARO DELGADO

Ante la frustración de los ciudadanos que no encuentran una oferta electoral creíble, pese a la costosísima infraestructura de los partidos y los órganos electorales, en crecientes segmentos de la sociedad –sobre todo a través del instrumento de moda, las páginas de internet– se extiende una campaña, paralela a la de los partidos, para que el 5 de julio la gente acuda a las urnas y anule su voto.

Entre quienes participan en ella hay de todo: jóvenes blogueros, políticos descontentos, analistas y ciudadanos que simplemente están, y así lo dicen, hartos del sistema…De la frustración, el resentimiento y el desprecio que concita el degradado sistema político mexicano emerge, desde vastas zonas del país, un movimiento de ciudadanos que convoca a poner un “hasta aquí” a los políticos, los partidos y la representación popular, como la Cámara de Diputados, a través de una acción insólita: ir a las urnas sólo para anular el voto.Se trata de un fenómeno espontáneo que empezó a tomar forma organizada en Puebla, en marzo pasado, y que se ha extendido con rapidez a varios estados de la República, sobre todo a través de páginas de internet y blogs y que se propone, en las elecciones del 5 de julio, lo que parece una paradoja estéril: reformar el sistema político mexicano repudiándolo.“Anulando el voto estamos diciendo que este sistema no funciona y que queremos cambiarlo, y tenemos la esperanza de que el mensaje sea de tal manera fuerte e inevitable que fuerce a los políticos a entrar en una reflexión para reformarlo”, explica Gabriel Hinojosa Rivero, dirigente del movimiento Gobierno de Segunda Generación (G2G), pionero de esta singular protesta, que ya le generó amagos de castigo en Puebla.“Rechazo a los partidos y sus candidatos, pero no a la democracia”, aclara el movimiento “Tache a todos” que encabeza Hinojosa, quien con ese nombre lanzó una página de internet que expone las razones para anular el voto, instruye cómo hacerlo e inclusive convoca a un concurso de cartel y video con premios de hasta 21 mil pesos.Primo de Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo, y primer alcalde del Partido Acción Nacional de Puebla capital, militancia a la que renunció en 2004, y aspirante a ese mismo cargo en 2007 con el apoyo del Partido del Trabajo, Hinojosa afirma que es preciso que haya candidaturas ciudadanas, reelección de legisladores, reducción de diputados y creación de partidos municipales.

En este movimiento, aclara, nada tiene que ver Calderón: “Le tengo aprecio y respeto como pariente y como presidente también, pero queda claro que yo no estoy en su proyecto y que tengo una trayectoria muy clara desde antes”.–¿Han hablado sobre esto?–Sí, desde luego. Desde antes de todo esto él dijo: “Tengo gran aprecio por tu capital político en Puebla. Me da mucha pena que no lo insertes en mi partido, pero respeto profundamente que sigas tus propias convicciones”. Él lo lamenta, pero lo respeta. Y yo lo aprecio y lo respeto a él.Con diversos nombres, pero con el mismo objetivo de repudio a los políticos mediante la abolición del voto en la casilla, estrategia que contrarresta al mismo tiempo la abstención –dicen sus promotores–, proliferan iniciativas en la Ciudad de México y en varios estados del país, cuyos diagnósticos, agenda de discusión y aun la creatividad para persuadir a los potenciales “anulistas”, difieren. En Jalisco, por ejemplo, el lema del movimiento que inclusive ya irrumpió en las calles de Guadalajara el viernes 22 de mayo, es categórico y ha concitado controversias: “Para políticos nulos, votos nulos”.Carlos Páez Agraz, quien junto con Gladis Martínez, Margarita Sierra, Etienne von Bertrab, Bernardo Jaén, Jaime Meade y Juan Carlos Soto comenzó el movimiento en esa entidad, no tiene duda: “La enfermedad de México es su régimen.

Tenemos que cambiarlo de manera no violenta y la primera etapa es: Así no”.Con base en el artículo 39 constitucional, que establece que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, el grupo promotor de Jalisco comenzó a reunirse en abril para revisar datos sobre armonía, prosperidad y sustentabilidad, que “demuestran que caemos en picada”.Expone: “Conviven una crisis económica que parece devastadora, la descomposición política, los crecientes niveles de violencia, y estamos entre los tres países más corruptos y violentos del mundo. El tejido social está desgarrado, 84% de mexicanos desconfiamos mucho de otros mexicanos. Estos problemas de primer plano ya no pueden ocultar uno peor, que es el deterioro del territorio”.En entrevista por correo electrónico, Páez Agraz, ingeniero civil de 41 años de edad y consultor de organizaciones sociales, afirma que el primer paso para transformar el sistema político es el grito de “hasta aquí” que representa anular el voto en la casilla.“Existen muchas propuestas de modificaciones a las leyes tremendamente inteligentes y bien planteadas: juicios orales, revocación de mandato, candidaturas ciudadanas, el agua como derecho humano, ordenamiento territorial, control social de lo público, etcétera. Muchos ciudadanos y organizaciones están preparados para construir una agenda y empezar a deliberar.

La pregunta es si debemos meterle más parches a nuestro contrato social o si tenemos que diseñar uno nuevo.” El movimiento “políticos nulos, votos nulos” ha establecido una red de comunicación con activistas de Puebla; Torreón, Coahuila; Mexicali, Baja California; y el Distrito Federal, con los que se trabaja vía electrónica, sin conocerse personalmente, cada cual con sus peculiaridades. “Ver a México como un todo es muy complejo en este momento. Cada estado de la República tiene sus particularidades, cacicazgos, pero también tiene ciudadanos interesados. Lo que está claro es que, sin distinguir colores, los políticos no tienen nada que presumir ni nada que prometer que sea creíble”, subraya el activista.

Y pone el ejemplo de su propio estado: “Jalisco ha hilvanado 14 años de gobiernos estatales panistas, quienes han encontrado el camino para coexistir con los demás partidos mediante el reparto de puestos, poderes y presupuestos. Los sindicatos siguen controlados por el PRI, Francisco Ramírez Acuña tiene sometido al PAN, Raúl Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara, controla brutalmente a muchos académicos, al PRD estatal y a un sector importante del PRI.” Resume: “Jalisco parece estancado políticamente en los setenta, pero con el PAN al mando. Para muestra el Chinguen a su madre que nos propinó el actual gobernador, Emilio González Márquez, el año pasado. En democracia, en cuatro horas estaría fuera y con proceso legal abierto”.

En San Luis Potosí el movimiento se reduce sólo a la capital, reconoce Noel Algara, un expanista de 29 años de edad y líder de un grupo de rock, quien sin embargo prevé crecimiento de la propuesta de anular el voto por el desencanto generalizado en la política, como a él le ocurrió:“El cansancio por nuestro desigual y excluyente sistema político, la molestia de ver consolidada una partidocracia en México, un IFE al servicio de los intereses partidistas y una democracia vapuleada, prostituida y engañada por unos cuantos de siempre, fueron algunos de los motivos que reunieron a varios amigos para buscar la manera de generar una conciencia alternativa.”–¿Con qué estados se ha establecido comunicación?–Hemos sido visitados en internet por gente de Aguascalientes y de Chihuahua. Se animan al saber que hay muchas personas con intención de anular su voto y decir ¡ya basta! En sus respectivos estados también se escuchan las mismas voces. Esto está creciendo.

Boicot efectivo, no abstenciónEl llamado a anular el voto en las elecciones del 5 de julio cobra relevancia en el contexto de la guerra sucia entre los partidos políticos, el selectivo embate policiaco del gobierno de Calderón contra opositores y, sobre todo, el desastre económico del país acreditado por las propias cifras oficiales.Junto con diagnósticos y agenda consistentes para argumentar por qué es políticamente útil anular el voto, aparecen también convocatorias desenfadadas y hasta humorísticas con el mismo fin, como la del blog “Yo voto por quien quiera”, dirigido a los jóvenes y que llama a votar por un ídolo.En vez de cruzar toda la boleta, se propone escribir en el espacio en blanco de la boleta el nombre de personajes como Kurt Cobain, Pancho Villa, Jim Morrison, Tin Tan, Juan Rulfo, John Lennon, Sor Juana Inés de la Cruz, Jimi Hendrix, María Félix, Aristóteles, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Che Guevara, Heath Ledger, Emiliano Zapata, Benito Juárez o Ricardo Flores Magón…“Esta es la forma como protestaremos contra la corrupción del sistema político mexicano. Queremos que nos escuchen, que nos vean, que nos lean”, subraya la convocatoria, y aclara que no se debe votar por alguien que esté vivo, y pone el ejemplo del actor Diego Luna.“Nadie nos asegura que el PAN, PRI, PRD, Verde, Convergencia, Panal, PT, PSD o el que sea, después lo contraten para que salga en un anuncio televisivo pagado por nosotros y diga: ‘Soy Diego Luna, no puedo ser tu candidato, pero te digo que votes por el X diputado…’. Es muy peligroso porque no faltará quien desvirtúe el movimiento y diga que todos los jóvenes somos de determinado partido. Por eso mejor difundir que votaremos por muertos... ¡Así no hay pierde!”Ese blog se ufana de que a esta iniciativa se han sumado otros espacios en internet, entre ellos Ciudadanos en Red, que en efecto reproduce la convocatoria. Lo paradójico es que esa iniciativa forma parte de Metrópoli 2025, cuyo consejo directivo preside Demetrio Sodi, candidato panista a delegado de Miguel Hidalgo.Los “anulistas” coinciden con los abstencionistas en que todas las opciones son inaceptables, pero no comparten su pasividad e indiferencia. “Levantarnos a anular nuestro voto nos convierte en ciudadanos ejerciendo el derecho de rechazar a los partidos y sentar las bases para construir una mejor democracia”, establece el movimiento “políticos nulos, votos nulos”.Por su parte, en su blog “Anúlalos”, Germán Petersen, estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de Guadalajara y ganador del primer lugar del Certamen Nacional Juvenil de Ensayo Político 2007, expone las diferencias entre anular el voto y abstenerse: “Para nada es nuevo que muchos mexicanos no se presentan a votar el día de las elecciones con el pretexto más burdo que uno se pueda imaginar. El abstencionismo consciente como forma de protesta corre el riesgo de perderse entre ese grupo de personas que por flojera, desidia o cualquier otra razón sin sentido, simplemente no se presentan a votar. Además, la cifra de abstencionistas varía mucho de elección a elección; en cambio, el porcentaje de votos nulos prácticamente nunca ha rebasado el 2.5% en el estado. Vayamos a votar, pero de una forma que transmita nuestro descontento.

La anulación es la mejor que podemos encontrar.”Traición a la patriaA la discusión entre los promotores de la abolición del voto, de extendida presencia en la red –que focaliza su público clasemediero, si bien se han impreso volantes que se distribuyen en algunas ciudades–, se han sumado analistas que ponderan el fenómeno y aun políticos como la experredista Rosalbina Garavito.El más tenaz promotor del voto nulo es José Antonio Crespo, miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y autor de rigurosas indagaciones electorales como Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, quien sostiene que anular el voto no significa apatía, sino rechazo activo y deliberado a todos los partidos.“Es lo que suele llamarse ‘abstencionismo activo, o cívico’, pero que fácilmente puede confundirse con el abstencionismo apático o indiferente si no se plasma en una boleta anulándola con claridad”, escribió Crespo en el diario Excélsior el 18 de mayo, al recordar que la legislación mexicana no considera el voto en blanco, como en varias democracias.Se trata, explicó, de un espacio en la boleta, creado como una opción legítima y especial para quien quiera votar “ninguno”. “Habrá que empujar que en adelante se incluya ese derecho (que en general, aun los ‘participacionistas’ reconocen como menos perjudicial institucionalmente que sólo abstenerse de ir a las urnas)”.Al respecto, Hinojosa afirma que, mientras no exista en México el espacio para votar por “ninguno”, es preciso anular el voto como señal de repudio al sistema actual, “que es una jaula de oro democrática, una gran simulación”, y la sociedad no tiene opciones.Al margen de militancia partidista, Hinojosa dice que ha “apostado” todo su capital político a esta iniciativa que va más allá del rechazo que se manifiesta a través de la abstención, que a los políticos no les importa. “Vamos a demostrar que habemos muchos que ya le estamos dando la espalda al jueguito, porque no está dando resultados –afirma–. Un éxito excepcional en Puebla sería que 10% de la gente anulara su voto.”Pero este viernes 29 sobrevinieron reacciones: el Partido Nueva Alianza acusó a Hinojosa de que, llamando a anular el voto, promueve acciones contra el proceso electoral previstas en el artículo 345 de la ley electoral federal, cuyo castigo es una multa de hasta 500 días de salario mínimo, y Sergio Cházaro, consejero local del IFE, afirmó que esa campaña atenta contra los fundamentos de la democracia.El político poblano dice que son señales “muy raras”, porque además se le acusa de querer ser candidato: “Es una visión muy tonta. Ya fui candidato y este no sería mi camino para volverlo a ser, ni siquiera es seguro. No conecta una cosa con la otra. Lo interesante aquí es qué va a hacer el IFE. Tiene de dos: desechar o imponer la multa. Deberían desecharla, pero ¿me van a agarrar de caso ejemplar para que no se insubordine la ciudadanía?”.También en Jalisco ha habido reacciones adversas: el presidente del órgano electoral, David Gómez, desautorizó la nulidad del voto, y la campaña fue calificada por el exgobernador Ramírez Acuña como “cobardía” y “acción contra México”, expresión semejante a la del cardenal Juan Sandoval: “No hace labor de patria”.Al respecto, el activista potosino Noel Algara dice: “¿Anular el voto convierte en un criminal democrático? No. Muy al contrario, lo convierte en un ciudadano modelo, que no rechazó sus deberes y obligaciones. Pero cuidado, hay opiniones que realmente ‘matan a la democracia’ y un cardenal que las expresa”.Páez Agraz reflexiona: “Anular es un derecho constitucional que el Estado nos debe garantizar. Estas declaraciones evidencian que los políticos y líderes formales no han desarrollado comportamientos democráticos. La democracia es un vehículo que funciona con demócratas; de izquierda, derecha o centro, pero demócratas”.–¿No se corre el riesgo de que, luego de las elecciones, se diluya el movimiento y, después de lo que podría ser un “desahogo”, venga la frustración?–Si esto se diluye será cierto que los ciudadanos tienen el gobierno que se merecen. Nosotros creemos que se puede tejer una red social que se convierta en escuela de ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que preocuparnos por nuestro país.

Solá, el alma de las campañas sucias, ya es “mexicano”

De las oleadas de estiércol y lodo que el PAN arroja contra sus adversarios políticos emerge un viejo conocido, experto en campañas sucias: Antonio Solá, el español que en 2006 fue el artífice de una de ellas: “AMLO, un peligro para México”…

Fuentes consultadas por Proceso revelan que, para evitar eventuales reclamos por una nueva injerencia de Solá en asuntos de política interna, la Presidencia de la República dispuso todo para la naturalización del español como mexicano… Siendo así, la guerra sucia del PAN apenas comienza…“La necesidad de mantener una alianza táctica con el PAN y su gobierno ya pasó. Entiéndelo: estamos en otra etapa”. Este fue el reclamo que los 18 gobernadores priistas hicieron a su dirigente nacional, Beatriz Paredes Rangel, quien aceptó reunirse con ellos y los coordinadores parlamentarios en las cámaras de Senadores y Diputados: Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón.“Necesitamos responder a esta guerra sucia, no podemos seguir con tibiezas”, dijo uno de los mandatarios estatales. “Queremos saber cuál es la estrategia del partido”, secundó otro.Era la tarde del 19 de mayo en Metepec, Estado de México, y lo que ellos califican como “campaña negra” emprendida en su contra por el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, llevaba ya tres meses.

El pasado 22 de febrero, Martínez fue el protagonista de un video que su partido “subió” al sitio YouTube, en internet, en el que acusa a los gobiernos del PRI de no haber frenado el narcotráfico y les pregunta a los priistas “si están o no con el presidente Calderón del lado del combate a las mafias criminales”.Beatriz Paredes se defendió. Respondió que hasta el momento les había ido bien con lo que ella considera una campaña electoral propositiva y que no era bueno enfrentarse con el presidente de la República. Y aún más: les aseguró que Calderón no forma parte de la campaña de denostación contra su partido.En la medida en que respondía Paredes Rangel, coordinadores y gobernadores se enfurecían más con ella no sólo por su tibieza, sino por defender al mandatario.A pesar de ella y contra ella, las 20 personas con las que Paredes Rangel comparte el poder en el PRI decidieron dar un giro a la campaña, para responder a cada una de las acusaciones de los panistas y, sobre todo, señalar los errores en que, desde su perspectiva, ha incurrido Calderón, como la forma en que enfrentó la contingencia sanitaria, así como la crisis económica.

A esta decisión siguió un comunicado que empezó a circular en internet, con diversos remitentes, y en el cual se establece la liga para un sitio en YouTube donde figura un video en el cual se denuesta a Felipe Calderón y a Germán Martínez. En el texto que lo acompaña se anuncia que los priistas de “línea dura” se unen para hacer una contracampaña “y responder a los golpes que el PAN ha propinado con la campaña negra de Germán Martínez, asesorado por Antonio Solá y con la venia del presidente Calderón”.Maniobras presidencialesEn marzo de 2006, el reportero Álvaro Delgado (Proceso 1531) detalló las andanzas de Solá en territorio nacional, y cómo este ciudadano español hacía política en México al asesorar a Calderón, entonces precandidato presidencial. De esta manera violaba la Constitución, que en su artículo 33 prohíbe a todo extranjero inmiscuirse en asuntos de política interna.En aquel año de elecciones presidenciales, el enemigo a vencer era Andrés Manuel López Obrador, y a Solá se le atribuye la campaña sucia en su contra, cuyo principal eslogan rezaba que AMLO era “un peligro para México”.Durante algún tiempo los panistas negaron la participación del español en estas acciones. Incluso en marzo de ese año, Germán Martínez, entonces representante del PAN ante el Instituto Federal Electoral, dijo: “Es necesario que se haga una investigación para saber qué extranjeros están laborando como asesores, consultores y cargaportafolios de los candidatos”.Hoy, a tres años de distancia, el PAN retomó la campaña sucia, y Proceso averiguó que la Presidencia de la República dispuso que se nacionalizara al español para evitarse reclamos de que un extranjero se inmiscuía en política interna.Una prueba de que en Los Pinos se maniobró para que a Solá se le otorgara la nacionalidad mexicana se encuentra en el oficio que el 5 de diciembre de 2006 el subsecretario de Población Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Lauro López Sánchez, envió a César Nava Vázquez, entonces secretario particular de Felipe Calderón.En ese documento –con copia al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña– le informa que el trámite concluyó de manera exitosa.En el oficio se adjuntó la carta de naturalización 0029065 con expediente de referencia ASI/521.2/ESP1/0064553/06. En esa carta, Solá manifiesta que nació el 14 de enero de 1972 en Terrassa, Barcelona, Reino de España; que su padre es Antonio Matías Solá Ortigosa y su madre Josefina Reche Carricondo, y que su cónyuge es Laura Gómez Padilla.El mismo documento da cuenta de que la carta se otorgó el 4 de diciembre de 2006, aunque fue un día después cuando se le notificó del trámite concluido al secretario particular del presidente de la República, César Nava, hoy candidato a diputado federal por el XV Distrito.A Solá se le brindaron todas las facilidades para que obtuviera la nacionalidad mexicana. Fue el pago por diseñar la campaña negra contra López Obrador, la cual le ayudó a Calderón para ganar la contienda presidencial.Ahora, ningún político de oposición podrá reclamar que un extranjero interviene en política mexicana, aunque Solá se dedique a diseñar una estrategia mediática para golpear al PRI, sobre todo, así como al PRD. La situación amerita este tipo de acciones, pues se encuentra en juego la mayoría en la Cámara de Diputados.Legisladores del PRD –quienes hoy están siendo afectados por la campaña negra emprendida por el PAN en su contra– criticaron que uno de los primeros actos de gobierno de Calderón haya sido emitir una orden con el fin de que su asesor español obtuviera la nacionalidad mexicana.Este hecho prueba, asegura el diputado federal por el PRD Juan N. Guerra, que “Solá siempre estuvo de manera ilegal en el país violando las leyes, y que se le pudo haber aplicado el artículo 33 de la Constitución por haber hecho lo que está prohibido: que un extranjero participe en política interna de México”.Y añade: “Ahora con estos documentos ya no puedes cuestionar a quien está dirigiendo nuevamente la campaña negra, la guerra sucia. Esa es la política que aplican los panistas, convertir lo ilegal en legal mediante el uso del poder”.Humberto Zazueta, legislador federal perredista, no se sorprende de la carta de naturalización promovida por el gobierno federal panista: “Lo mismo hicieron con Zhenli Ye Gon. Fueron ellos quienes lo hicieron mexicano y le dieron a su vez carta para introducir grandes cantidades de metanfetaminas a través de las aduanas. A Solá lo naturalizaron para evitarse cuestionamientos y que siguiera diseñando la campaña negra”.Igual que en 2006Priistas y perredistas están convencidos de que la estrategia electoral del PAN y del gobierno federal está siendo orientada por Solá, y su único objetivo consiste en mantener el poder a toda costa.Samuel Aguilar, diputado federal del PRI y secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional, explica que el PAN, desde siempre, ha usado la campaña negra como arma. Esta estrategia define un tema, en este caso la seguridad y, en segundo lugar, identifica a los adversarios: en este caso el PRI y el PRD, que disputarán la mayoría en la Cámara de Diputados.Comenta que el proceso electoral del 5 de julio de 2009 será una reedición del realizado en 2006 “que dividió al país y terminó cuestionando la legitimidad de quien hoy está en la Presidencia”.El diputado Zazueta ubica la campaña sucia panista en los acontecimientos de Zacatecas y Michoacán. Sostiene que en el primer caso, por medio de una filtración periodística al diario Reforma, se pretendió vincular con el narcotráfico al senador Ricardo Monreal, ahora del PT, pero colaborador cercano de Andrés Manuel López Obrador. Considera que la detención en Michoacán de 10 ediles en su mayoría priistas y perredistas (sólo dos son del PAN), así como de colaboradores cercanos del gobernador Leonel Godoy, es una maniobra de tipo electoral.Y precisa: “Todo esto es parte de la guerra sucia orquestada por Solá, ambos casos forman parte de una guerra sucia para fortalecer al PAN y generar la idea de que la figura presidencial está atacando el narcotráfico en serio, hacerlo aparecer como el que salva al país”. Agrega: se trata ahora de desprestigiar a los políticos de oposición. Y cita inmediatamente el supuesto documento de “inteligencia federal” que publicó Reforma, en el que se vincula con el narcotráfico a diputados federales del PRI y del PRD.La campaña de desprestigió que inició el PAN fue diseñada a principios de enero de este año. De ello dio cuenta el reportero de Reforma Ernesto Núñez, quien detalló cómo se planeó todo en las oficinas de la dirigencia nacional panista, con la anuencia del gobierno federal.Además de Solá –a quien no menciona el reportero– participaron en el diseño de la estrategia Germán Martínez; Juan Ignacio Zavala, coordinador de proyectos especiales del PAN y cuñado de Calderón; Jorge Manzanera, secretario general adjunto del CEN panista; Alejandro Villalobos, secretario de Elecciones; Rogelio Carvajal, secretario general; Roberto Gil, director general jurídico y representante ante el IFE, y Héctor Villarreal, director de Comunicación Social.Esa estrategia fue avalada por los grupos parlamentarios panistas en sus plenarias del 1 y 5 de febrero pasado. Se acordó que la primera acción consistiría en atacar al PRI por no respaldar la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, así como la Ley de Combate al Narcomenudeo.Para esas fechas, el PRI estaba casi 10 puntos arriba del PAN en las preferencias electorales, según las encuestas publicadas. El PRI no respondió a los ataques y un mes después, en la siguiente encuesta, descendió de 39.9 a 30.3 puntos en las preferencias. Por el contrario, el PAN subió de 25 a 27 puntos lo que ocasionó que los priistas reclamaran a su dirigente nacional.El 29 de marzo pasado, durante la toma de protesta de Rodrigo Medina como candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, los 18 gobernadores priistas y los dos coordinadores parlamentarios solicitaron la primera reunión con Beatriz Paredes. Le reclamaron su tibieza y exigieron que dijera cuál será la estrategia para responder al PAN.Acosada por sus correligionarios, la dirigente priista prometió que en un lapso de tres días les haría llegar la estrategia que contrarrestaría los ataques del panismo. El plazo se cumplió y no hubo nada. Los ataques siguieron. Los priistas aprobaron el 29 y 30 de abril las leyes que les reclamaba Germán Martínez en los videos, pero todo siguió igual.El lunes 18 apareció la nota que involucra a familiares del senador Monreal con el narcotráfico. Enfurecidos los priistas decidieron que no esperarían más y llamaron a cuentas a la dirigente nacional en el cónclave realizado en Metepec al día siguiente, 19 de mayo. Ahí decidieron que contrarrestarían la propaganda negra.El miércoles 20, cuando el senador Monreal solicitó licencia, el PRI, por medio del presidente de la Mesa Directiva, César Duarte, pidió que no se utilizara la justicia con propósitos electorales para denostar a los adversarios y reposicionarse. Por parte del PRD sólo hubo silencio. l --